En la actualidad la idea de que el conflicto social es una situación inherente al ser humano parecer estar convirtiéndose en un lugar común. Aunque en no pocos casos sigue siendo percibido como algo negativo, es cada vez más frecuente que los especialistas resalten positivamente este fenómeno, como una oportunidad para resolver disputas generadas por las necesidades insatisfechas de una población, a través del diálogo y la concertación, entre otras estrategias de gestión. 

Sin embargo, hasta hace menos de una década, el conflicto social en el Perú era asumido como una amenaza para la armonía social y el desarrollo del país (bajo la forma de “crecimiento económico”), que debía confrontarse mediante estrategias reactivas. Pero, el desprestigio del Estado tras la caída del fujimorismo, el reto de la transición democrática y la ocurrencia de hechos lamentables como los derrames en Choropampa , el “Arequipazo” y el asesinato del Alcalde de Ilave , generaron la necesidad de encontrar nueva formas de entender y tratar la conflictividad social.

La Defensoría del Pueblo fue una de las primeas instituciones en responder al llamado, asumiendo la tarea de clasificar la conflictividad y medirla estadísticamente, sin abandonar el ideal autoimpuesto de una “acción colectiva de tipo no disruptiva” (Tanaka, 2012: 36). Para ello, comenzó a reunir a través de sus oficinas defensoriales descentralizadas toda la información disponible sobe los conflictos acontecidos en diversas partes del país. 

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