Por Emma Robles

Tras hacerse pública la noticia sobre el derrame de minerales que sufriera un ducto de propiedad de la minera Antamina, en el distrito de Cajacay, en base a entrevistas hechas en la zona hace pocos días, vale la pena reflexionar sobre lo que está aconteciendo en Cajacay, a casi un mes de sucedido el derrame minero.

El día 08 de agosto se realizó una reunión entre la Comunidad Campesina de Cajacay y la empresa minera Antamina, anunciada con la presencia del Presidente de su Directorio. Las entidades que estuvieron presentes, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Aparentemente, ésta y otras instituciones públicas no habrían sido invitadas formalmente, sino, por convocatoria de preocupados residentes cajacainos en Lima conscientes de esta situación. El resultado fue la firma de un Acta de compromiso, con dos puntos resaltantes: 1. La construcción de la represa Huarco Curan y 2. El establecimiento de la Comisión de Salud que determine las indemnizaciones a los afectados.

1. Construir la represa Huarco Curan, a más de 10 años de solicitud

No es la primera vez que ocurren problemas entre la Comunidad Cajacay y Antamina, desde el año dos mil en que se firmó el primer convenio para posibilitar las operaciones de la empresa en la zona se ha dado una historia llena de ofrecimientos, expectativas, y frustraciones en Cajacay, sin duda, la más relevante demanda para la Comunidad fue la construcción de la represa Huarco Curan. La población local esperó y exigió que Antamina financie la obra considerada de importancia fundamental para la obtención de agua en las actividades productivas de la zona ante la variabilidad de lluvias a cambio de que en la zona funcione el mineroducto que transporta los minerales y la operatividad de dos válvulas.

Humberto Campodónico explica que: “En términos de suma simple, Antamina invirtió US$ 2,461 millones de 1997 al 2009. Comenzó a depreciar en el 2003 –de acuerdo a nuestros cálculos– por un total de US$ 2,248 millones y tuvo utilidades netas desde el 2005 por US$ 6,320 millones, lo que arroja un flujo neto positivo de US$ 6,106 millones”. Ante esto, el siguiente cuestionamiento es: ¿Realmente, Antamina no pudo financiar en más de 10 años la represa que requería Cajacay teniendo un saldo neto de más de 6000 millones de dólares? Pareciera que tuvo que suceder el derrame de minerales para que la Comunidad obtuviera el compromiso de la ejecución de esta obra por la empresa en solo 45 días.

Como antecedentes, cuando la Comunidad exigía a la empresa que financie la construcción de dicha represa, ofrecida contractualmente con la firma del Convenio el año dos mil, con la cual obtuvieron la aceptación de la Comunidad para la construir de dos válvulas y permitir paso del mineroducto por una de sus calles principales . A cambio Antamina se comprometía a hacer las gestiones para buscar financiamiento. Así, textualmente, el acuerdo señala: “La fecha de culminación de la obra será la indicada en el expediente técnico, que no excederá del 31 de diciembre del 2001 salvo caso fortuito o de fuerza mayor”, este primer convenio establecía una multa de cincuenta mil dólares americanos si hasta el 31 de junio del 2001 no se iniciaba la construcción de la obra. Han pasado ya once años y nada se ha hecho debido a trámites burocráticos (Muchos acusan al SNIP, entre otras instituciones) y cuestionados manejos comunales. Todo este incumplimiento provocó serios reclamos de los comuneros. El año 2009, la Comunidad realizó un paro para exigir la construcción de la represa, tal es así que la Defensoría del Pueblo registró el conflicto social en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales, la policía usó balas para reprimir las protestas y resultaron 12 personas heridas. El herido grave por bala, entonces, comunero Gregorio Balabarca Alva, nos manifiesta que se hizo cuatro operaciones para poder restablecer su Salud, estas fueron cubiertas por Antamina, sin embargo, después de esto no ha recibido ningún tipo de indemnización respecto a las secuelas del impacto de bala, así, dijo: “Yo fui una persona sana, trabajaba en empresas, ahorita, yo no sirvo para nada…ese fue el motivo para que mis hijos queden sin estudios”, por lo que, hasta el día de hoy exige una indemnización.

A pesar de todo, la Comunidad no se amilanó y continuó las gestiones ante el Estado con la Región Ancash (a donde derivó la minera esta obra) y el MEF, lográndose, finalmente, la viabilidad del proyecto hasta en julio de este año, días antes del derrame, bajo el presupuesto del Gobierno Regional de Áncash y con apoyo parcial de Antamina.

Por los puntos expuestos, la reunión del 08 tuvo como uno de sus principales logros lo ya conseguido previamente a los sucesos del derrame. Asimismo, esta obra de importancia productiva para la Comunidad por la variabilidad de cantidad de lluvias en los cultivos, tuvo que esperar más de 10 años para poder construirse cuando el acta de acuerdo contemplaba que el 2001 se culminaría. Igualmente, el costo de movilización y en específico, la indemnización a Gregorio Balabarca es una agenda pendiente que podría y debería plantearse en las reuniones próximas.

Si bien, había responsabilidades del Estado más que de la Empresa, nos preguntamos: ¿Por qué Antamina no fue claro respecto a sus limitaciones para conseguir la construcción de la represa como parte de una negociación para obtener las concesiones de la construcción del mineroducto y las dos válvulas en el distrito de Cajacay (una de ellas la que explosionó originando el derrame)? ¿Es que acaso Antamina jugó con las expectativas de la población? ¿O es que la deficiente comunicación entre empresa, Comunidad y Estado permitió que torpemente se generen condiciones de conflictividad social en la última década en la zona? Así, las expectativas de la población estuvieron siempre en poder ver la ejecución de la represa; se trata pues de una frustración de más de 10 años a partir de la llegada de la empresa y así, las tareas de relacionamiento comunitario se vieron condicionadas a difíciles circunstancias sociales las cuales ofrecían como resultado una posición muy crítica respecto a la política de responsabilidad social de Antamina. La gran lección de todo esto fue que para la población local que exigía las muestras de transparencia, claridad y responsabilidad durante las negociaciones y establecimientos de acuerdos, dicha responsabilidad social se hubiera expresado en el cumplimiento de las obras prometidas desde el 2000.

Casos, como el de Cajacay, se repiten en muchas partes del país y es menester que las empresas balanceen entre sus ganancias netas y las demandas de desarrollo local en las zonas en donde operan, así como, manejen una política no especulativa de negociaciones para el establecimiento de acuerdos.

2. Tras el derrame ¿Cómo se está dando el proceso de reparaciones a los afectados?

Cuando ya parecía que se había alcanzado una relativa paz social en Cajacay, los hechos ocurridos el 25 de julio en el caserío de Santa Rosa volvieron a generar riesgos que amenazaban las relaciones entre empresa y población. Producto del derrame, Antamina se comprometió en la reunión del 08 de agosto a indemnizar a la comunidad por los daños ocurridos en base el informe que realice el recién formado Comité de Salud e integrado por el Alcalde de Cajacay, el Presidente de la Comunidad y especialistas del Colegio Médico (entre otros profesionales) que la Comunidad pueda solicitar; y todo el gasto por contratación de profesionales sería asumido por Antamina. Esta Comisión se dio un plazo de 45 días para la emisión de su informe final. Poco después, el 15 de agosto en la Asamblea Comunal si bien los comuneros reconocían el esfuerzo del Colegio Médico para restablecer personal médico en la atención de los afectados en el caserío de Santa Rosa, también manifestaron su temor a una posible manipulación de los resultados médicos que Antamina financia y por las instituciones de Salud con las cuales Antamina tiene convenio.

De otro lado, casi al mismo tiempo que la comisión referida entregaba sus resultados, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para La Salud (CENSOPAS- MINSA) había realizado importantes análisis a buena parte de la población, demostrando que ya habría presencia de minerales por encima del nivel permitido en 6 niños. Entre los afectados de diversa edad que se habrían registrado hasta el momento tenemos:

Gilberto Jara Vega: uno de los primeros afectados por ser guardián de la válvula que explotó, teme no tener un análisis alternativo que garantice su real estado de Salud, ya que él, únicamente, ha sido atendido por los médicos -contratados por Antamina- de la Clínica San Pablo de Huaraz; el primer diagnóstico (25 de julio) que le dieron dice textualmente: “Efecto tóxico de sustancia inorgánicas no especificadas y síndrome rotor” el quince de agosto se le dio de alta señalando en constancia de la Clínica San Pablo que: “Los resultados están dentro de la normalidad” la desconfianza de la certeza sobre la real situación de su salud no solo de él, sino en general de la Comunidad es evidente.

La madre gestante de siete meses, Nancy Damián Ribera. Esta comunera demanda que se realicen análisis profundos que diagnostiquen la situación de su salud y la del niño que lleva dentro, asimismo, afirma que a pesar de haber pasado casi un mes del derrame no se le ha acercado ningún personal del Estado y que los médicos que ha enviado Antamina, hasta la fecha, no le dan razón sobre su diagnóstico, únicamente, le han dicho que se encuentra en buen estado. Está dudosa sobre lo que le espera a ella y su bebé.

La madre de la niña Yoselin Damián Ribera internada en el Hospital del Niño con daños graves a su vista por el mineral tóxico, señala desesperada con comprensible llanto que hay incertidumbre sobre el diagnóstico de su hija. Indignada desmiente versiones en el sentido de que su hija ya habría estado mal de la vista antes de los sucesos del derrame. La enorme preocupación sobre lo que pueda suceder con su pequeña hija la aflige, salvo la atención de DIRESA el Estado parece estar ausente.

Al preguntar a cierto poblador no identificado sobre la presencia de plomo en los niños este respondió: “Si los niños están con plomo, ya pe, mejor van a morir más rápido…y la familia queda con su plata”. Igualmente, al preguntar sobre la vista de la niña afectada a otra pobladora dijo: “!Ah, Ella ya estaba mal de la vista antes!”. Estas mismas personas al interrogarle sobre su diagnóstico de Salud admitieron que no tenían resultados claros sobre qué es lo que tenían.

Además de las posiciones críticas respecto los diagnósticos médicos, muchos comuneros se cuestionan sobre cómo se efectúa el proceso de reparaciones:

Isidro Huerta Guzmán (Comunero activo por más de 50 años y ex.presidente comunal) hace hincapié en que lo ofrecido por Antamina no es proporcional a los daños generados y ello sería avalado por algunos dirigentes. Él explica que: “Hay un fraccionamiento en la Comunidad…Antamina está convenciendo a pobladores con brindar víveres, aceite, sémola, yogurt, alimentos…Antamina ha venido a corromper, realmente, a los comuneros de la Comunidad de Cajacay. A todos los que protestan y que legalmente reclaman a través de unos sencillos les convence a los dirigentes y se acabó, ahí terminan los reclamos”.

A esta situación, algunos comuneros agregan que lo que prima para lo toma de decisiones es una casi generalizada falta de conocimientos y por tanto, que será un proceso largo.

El Agente Municipal de la Zona de Santa Rosa, Wilfredo Moran, señaló que están evaluando internamente cómo proceder ante los sucesos, asimismo, dijo que si bien tienen algunos asesores, no obstante, no son especialistas en el tema y ven también necesario el hecho de contactar y asesorarse del tema. Igualmente, entienden que habrá un proceso largo antes de poder determinar un acuerdo óptimo sobre el tema, por lo que, esperan que la empresa pueda responder a sus reclamos.

Se conoce, por versión de la Asamblea Comunal, que Antamina ha dado una cantidad de dinero por concepto de “gastos por evacuación” a cada persona de la zona por las afectaciones. La cifra no parece ser clara, pero, se habla de alrededor s/. 250 soles por día a cada persona. De momento, el acuerdo de establecer atención médica continua en el caserío de Santa Rosa-por versión de la propia asamblea comunal- no se está cumpliendo, sino que solo se da en algunos días y en ciertas horas, no respetando por tanto lo estrictamente acordado.

Al llegar a la zona el fuerte olor respirable aún luego de más de veinte días, nos recordaba el incidente y allí corroboramos que Antamina a raíz del derrame minero ha contratado mano de obra local para limpiar la zona y pintar las casas de los pobladores con material financiado por la empresa, por lo que, observamos que una cantidad considerable de casas y el colegio de la zona se encontraban pintadas y coloridas.

Finalmente, vale señalar que Antamina, a través de Nota de prensa, ha confirmado que: "se compromete a indemnizar por daños y perjuicios a la comunidad de acuerdo al resultado de los informes y los análisis técnicos, y lo que la comisión de salud proponga". Así como también, que va a esperar la evaluación de la OEFA sobre los impactos de los sucesos (Esta saldría en 45 días).[1]

Por toda la información obtenida, una importante pregunta que surge es ¿Por qué el Ejecutivo está enfrentando el tema de manera tan alejada a los afectados? La Comisión de Salud de la que en todo momento se hace referencia no está integrada y menos aún dirigida por ningún organismo del Estado, siendo las autoridades de la zona las que tienen coordinación directa en este espacio con la asesoría de los especialistas del Colegio Médico. A todo ello, Antamina señala que son “espacios paralelos” pero, no obstante, se basarán en los resultados de esta Comisión para dar las reparaciones. Asimismo, si bien las autoridades locales que conforman la Comisión pueden solicitar diferente apoyo técnico, no son especialistas en el tema y desconocen los procedimientos técnicos-jurídicos en estos casos. El Colegio Médico, sin duda, cumple un aporte fundamental, aunque se debe reconocer que entre muchos comuneros se nota la existencia de cierta desconfianza hacia ellos; lo cual desde nuestro punto de vista, puede ser visto como legítima, por lo que se demanda una opinión médica alternativa y sin ningún tipo de vinculación con la empresa. En ese sentido, la necesidad de otros análisis independientes es palpable para los pobladores, manejando posibilidades como la de recurrir a apoyo internacional.

¿Cuánto vale la salud? ¿La salud tiene precio? ¿Cinco mil, diez mil, treinta mil…?

La falta de información, comunicación y transparencia hacia todos los afectados de la zona desde el día en que acontecieron los hechos, ha generado un clima de especulación sobre los pagos que Antamina tendría que hacer por los impactos del derrame. En suma, ha pasado casi un mes del derrame y los afectados, hasta la redacción de este artículo, no han recibido -o no se notaba- asesoramiento especializado y monitoreo permanente del Estado para conocer sobre la situación de los afectados, ni tampoco de ONGs que hagan conocer, entre otras cosas, cuál es el procedimiento, quiénes deberían recibir reparaciones y menos aún, tener claridad sobre lo que ha sucedido con la Salud de los afectados. Algunos comuneros temen más que otros por su Salud y hasta muchos ven una oportunidad de beneficio económico importante, pero ninguno asegura saber exactamente cuál es su diagnóstico y las posibles consecuencias del impacto del derrame. Esto podría favorecer que se imponga una visión inmediatista que podría resultar peligrosa para ellos y por ello es el Estado el llamado a garantizar que los pobladores que han sido afectados reciban toda la atención necesaria para su Salud, así como una suma de dinero por concepto de indemnización correspondiente a los antecedentes internacionales sobre derrames ocurridos en otros casos (sentencias, acuerdos de indemnización, etc.).

A nadie beneficia mantener un diálogo cerrado, aislado y poco transparente. La empresa podría evitar un conflicto social sobre el caso, el Estado podría ganar credibilidad sobre su rol de garante de los derechos y la población podría dejar atrás estos sucesos lamentables con la garantía del bienestar de su Salud y mejores condiciones económicas para elevar su calidad de vida. Esperemos que no suceda, exactamente, todo lo contrario.

Nuestra última reflexión sería, después del caso de derrame de Mercurio en Choropampa y del caso de Cajacay en particular: ¿Cómo impactan estos casos específicos a la prevención de riesgos de todas las demás operaciones de las actividades extractivas? ¿Va a cambiar el panorama en el sector minero producto de este derrame, o debemos esperar a más niños contaminados con plomo? ¿Tienen planes de contingencias las operaciones mineras que están cercanas a poblaciones rurales? ¿Han capacitado a la población circundante sobre cómo proceder en estos casos? ¿Es posible que operaciones de este tipo, válvulas en este caso, operen tan cerca de la población rural? El traslado de la válvula, en donde sucedió el derrame, no es una posibilidad que deba descartarse de primera mano-.

¿Qué quedaría por hacer en lo inmediato?

Hacer público el proceso de reparaciones con la presencia de todas las instituciones del Estado (Defensoría, del Pueblo, MINAM, MINSA, MEM, PCM, entre otros) que puedan aportar sobre el tema con TODOS LOS AFECTADOS. No sería conveniente promover reuniones, únicamente propiciadas entre la empresa y la población.

Dar celeridad la difusión de los resultados del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como, la realización de nuevos análisis a las personas que han sido únicamente evaluadas por los médicos que financió Antamina para poder garantizar la confianza de la población sobre lo que resulte.

Orientar la dirección del espacio de diálogo con un ente que cuente con imparcialidad, credibilidad y especialización sobre el tema de los impactos que pueda mediar el proceso del establecimiento de acuerdos sobre las reparaciones a los afectados.

Realizar continuas campañas de información desde el Estado y la sociedad civil (incluyendo las ONGs) para los comuneros de Cajacay sobre todo respecto al procedimiento a seguir en casos de emergencia (como los derrames mineros) y en caso se registren impactos a la salud y al ambiente, según lo contempla la Ley. Abrir, en ese sentido, las posibilidades de acción a la ciudadanía en general podría evitar o mitigar los cuestionamientos y las casi recurrentes sospechas de corrupción.

Nota: Según la última información que obtuvimos, se habría pactado una segunda reunión para el sábado pasado entre la empresa Antamina y la Comunidad de Cajacay, no obstante, esta fue postergada por la empresa y cambiada para el día lunes de en la ciudad de Lima, no obstante, nuevamente habría sido cambiada para lo últimos días hábiles de esta semana, asimismo, la población habría solicitado a la empresa que pueda convocar a los entes involucrados.

Nota:

[1] Nota de Prensa de Antamina con fecha 10 de agosto del 2011.